No a todo. Las cinco comunidades donde gobierna el Partido Popular han planteado un frente común para echar abajo el plan de ayuda a los jóvenes que viven de alquiler lanzado por el Gobierno central. Por una parte, los responsables de Vivienda de Madrid, Valencia, La Rioja, Castilla y León y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla consideran "imposible" que la ayuda de 210 euros para cada menor de 30 años con unos ingresos inferiores a 22.000 euros se ponga en marcha el 1 de enero, tal y como se ha comprometido el Ministerio de Vivienda.

Pero no sólo creen que va a ser imposible poner en marcha esta medida en tan poco tiempo. Además, los populares quieren ampliar el número de beneficiarios y el volumen de las transferencias. Así, a menos de cuatro meses de las elecciones, el partido que lidera Mariano Rajoy propone aumentar la denominada renta de emancipación a 240 euros y que de ésta se beneficien también los que tienen entre 30 y 35 años y los mayores de 65.

El portavoz de Economía del PP, Miguel Ángel Arias Cañete, explicó que el Gobierno interfiere de "muy mala manera" en las comunidades, ya que les transfiere una obligación pero no les dota de herramientas para cumplirlas.

Por esto, según confirma un portavoz de la consejería de Vivienda de Madrid, el PP presentará en breve una proposición no de ley en el Congreso. Los responsables madrileños aseguran que cuando, a partir del próximo 1 de enero, comiencen a recibir las solicitudes de jóvenes inquilinos se limitarán a enviárselas al ministerio pero que no las tramitarán. Aseguran que toman esta decisión por la imposibilidad de cumplir los plazos marcados por el Gobierno.

"Así, si el ministerio es más rápido que nosotros será capaz de pagarlas en tiempo y forma", dijo la consejera madrileña, Ana Isabel Mariño. Esta responsable también señaló que el plan aprobado por Chacón supone un "recorte" en las ayudas que ha afectado a 800.000 jóvenes, ya que la anterior ministra había diseñado un plan de apoyo al alquiler para los que tienen menos de 35 años.

En el ministerio dicen estar asombrados por la "ignorancia o voluntad de engañar" de los que hablan de recorte de derechos. Ya que la nueva ayuda, señalan, no supone ninguna merma, sino la ampliación de beneficiarios. "Las ayudas existentes hasta ahora tenían un máximo de 240 euros, y la media de las que se estaban concediendo estaba en torno a los 100 o 150 euros. El nuevo plan no perjudica a nadie. Sorprende que sea justamente la Comunidad de Madrid, que no ha dado ni una sola de estas ayudas, la que ahora diga que estamos recortando derechos", señala el portavoz del departamento que dirige Chacón.

"Es perfectamente posible poner en marcha las ayudas en el plazo previsto. Simplemente se trata de una cuestión de voluntad política", aseguran en el ministerio, donde confían en que las demás comunidades autónomas tramiten las ayudas desde enero próximo.

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