La Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación de Hosteleros Víctimas de Canon (VACHE) han presentado el pasado día 15 un escrito de denuncia y personación ante el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia por presunta financiación irregular del poder judicial por parte de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y otras sociedades de gestión de derechos.

Los denunciantes señalan que es costumbre habitual de las entidades de gestión financiar a costa de sus presupuestos la formación de jueces, magistrados, fiscales y secretarios, en materias como la propiedad intelectual mediante seminarios, cursillos o jornadas “a fin de buscar el beneficio de ser tratados privilegiadamente frente al resto de los ciudadanos”. También queda acreditado que financian y subvencionan a diversas asociaciones de jueces, fiscales y secretarios, según los denunciantes.

Ambas asociaciones dicen actuar en nombre de la plataforma Todos Contra el Canon que ha recogido 1.370.000 firmas en contra del canon digital que grava todos los equipos y soportes susceptibles de grabar una copia privada de una obra artística con derechos protegidos.

Los denunciantes acusan al CGPJ, como máximo responsable de la formación directa del personal de Justicia “tiene por norma y costumbre conveniar o permitir conveniar con las principales entidades de gestión de derechos de autor (SGAE, EGEDA, AISGE, AGEDI o AIE) y asociaciones o sociedades interpuestas(PROMUSICAE, FAP, FAPAE, Asociación de Defensa de la Marca, y otras) , la formación de los antedichos funcionarios, así como premios, permisos, y honorarios ofertados a los que quieran colaborar o formarse de conformidad a los intereses de las anteriores”.

La denuncia afirma que la celebración de estos cursos y seminarios sólo persigue la creación de un grupo de presión para obtener sentencias favorables en casos de derechos de propiedad intelectual. Añade que los fondos que se emplean para su financiación se detraen de los que corresponderían a los artistas y propietarios de los derechos a quienes esas asociaciones dicen defender y, en particular, del canon digital.

“¿Qué diría un ciudadano si los narcotraficantes fueran los que financiaran, salvando todas las distancias, la formación de los jueces, magistrados, secretarios y fiscales que les han de juzgar? Nuestro ciudadano diría que los jueces pudieran creerse todo lo independientes que quieran, pero la aplicación y la interpretación de la ley estaría bajo sospecha. Esto es exactamente lo que está pasando con las entidades de gestión de los derechos de autor, los del Canon, vamos. Financian e incentivan clara y directamente la formación de jueces, magistrados, fiscales y secretarios en los temas de propiedad intelectual”, dice el escrito de denuncia.

Los denunciantes aportan varios documentos para demostrar que el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia ha firmado varios convenios con sociedades como Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) como si fueran entidades de derecho público (no siéndolo) para la formación en materia de propiedad intelectual.

También denuncian que las entidades de gestión han organizado y costeado cursos y seminarios con asociaciones como Asociación Jueces para la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, así como asociaciones de fiscales y de secretarios judiciales.

Los denunciantes recuerdan que sus asociados, son objeto de las demandas judiciales de las entidades de gestión”en reclamación del canon por copia privada, demandas tramitadas por personal judicial presumiblemente formado “exclusivamente” a interés de las demandantes.

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