Uno de los puntos del debate político de estas elecciones se ha centrado en la inmigración, culpándoles de colapsar el sistema sanitario de nuestro país. Según esto, parece que regalamos caritativamente la asistencia sanitaria a este colectivo tan numeroso en España. Pero esta acusación carece de fundamento, más bien al contrario, ya que pagan y pagarán por ella con creces.

Han venido muchos y en pocos años, dispuestos a trabajar, ya adultos y baratos, sin que el Estado haya tenido que invertir ni un euro en su salud.

Con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, España habría perdido unos 10 millones de habitantes. Pero la catástrofe demográfica no se ha producido en parte gracias a los inmigrantes. No hubiera habido, por tanto, trabajadores suficientes para pagar las pensiones de los jubilados de hoy y de los muchos más del mañana cercano.

Con la dependencia de los ancianos, sin apenas ayudas estatales, alguien tendría que quedarse en casa cuidando de ellos. Resulta llamativo que sean las extranjeras las que cuiden al 90% de los ancianos dependientes. Además, trabajan en el hogar, permitiendo que la tasa de actividad de las españolas haya crecido un 12% en la última década.

Si comparamos la aportación anual de los inmigrantes a las arcas públicas con los gastos que aquéllos generan, el superávit a favor del Estado alcanza los 5.000 millones de euros (aportan 23.402 millones y reciben 18.618 millones de euros). Esto se traduce en que la inmigración ha contribuido al 39% del crecimiento medio del PIB per cápita y ha incrementado en 623 euros la renta anual de cada español. Y con este dinero se pueden mantener 900.000 pensionistas españoles de pura cepa ya que menos del 1% de estos son extranjeros (incluyendo los comunitarios).

La paradoja es que muchos de esos pensionistas españoles apoyan el discurso contra la inmigración.

Claro que hay saturaciones y colapsos puntuales de la Sanidad, pero se resuelven con inversiones en estructuras y contratando a más profesionales de la salud y no culpando a los inmigrantes.

Las previsiones apuntan que España será un país de envejecimiento pronunciado en el que la población mayor de 65 años aumentará en ocho millones y la población en edad laboral descenderá en 6 millones entre 2007-2050. Pero si no vienen más, si expulsan a algunos de los que ya están ¿quién pagará las futuras pensiones y quién nos cuidará?

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